Más de 40 mil trabajadores no pueden usar su crédito Infonavit por falta de vivienda accesible en Querétaro, señala el Diputado Independiente, Enrique Correa.
Más de 40 mil trabajadores en la zona metropolitana de Querétaro cuentan con un crédito viable del Infonavit, pero no pueden utilizarlo debido a la falta de opciones de vivienda de interés social acordes a su capacidad de compra, denunció el diputado local Enrique Correa.
Ante esta problemática, el legislador presentó un exhorto dirigido al Gobierno Federal y a las dependencias responsables de la política de vivienda, con el objetivo de ampliar los polígonos destinados al desarrollo de vivienda popular en el estado.
“Estamos vulnerando a quienes menos ganan. Son miles de trabajadores que cumplen con sus aportaciones, que tienen un crédito aprobado y que, aun así, no pueden acceder a una vivienda porque los precios de la oferta disponible están fuera de su alcance”, señaló Correa.
El diputado explicó que la falta de vivienda accesible se ha convertido en uno de los principales retos para Querétaro, entidad que mantiene un crecimiento poblacional constante por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades de desarrollo.
Correa advirtió que esta situación impide que miles de trabajadores puedan ejercer su derecho a construir un patrimonio, aun cuando cumplen con los requisitos y cuentan con un crédito disponible ante el Infonavit.
Además, señaló que la falta de espacios para vivienda popular ha contribuido al crecimiento de asentamientos irregulares en distintas zonas del estado, debido a que muchas familias se ven obligadas a buscar alternativas ante la ausencia de vivienda formal y accesible.
“Cuando el gobierno federal no genera condiciones para que las familias accedan a una vivienda regular, digna y suficiente, las personas terminan buscando alternativas para resolver una necesidad básica. El crecimiento de los asentamientos irregulares es una consecuencia directa de la falta de oferta de vivienda accesible”, afirmó.
El exhorto plantea que las autoridades federales relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda revisen y amplíen los polígonos autorizados para la construcción de vivienda de interés social, a fin de generar más opciones para las familias trabajadoras.