Sheinbaum no aparecerá en boleta de revocación de mandato en 2027. El Senado avala Refornma Electoral con recortes en cabildos, congresos y órganos electorales.
La madrugada de este 26 de marzo, El Senado de la República aprobó la reforma electoral sin modificar el artículo 35 de la Constitución, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum no podrá aparecer en una eventual boleta de revocación de mandato en 2027.
La propuesta original planteaba adelantar la consulta de revocación para que pudiera realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno y coincidir con las elecciones intermedias; sin embargo, esa modificación fue eliminada durante la acalorada discusión legislativa, principalmente entre legisladores de oposición y de Morena.
Con ello, se mantiene el esquema actual de la Constitución, que establece que la revocación de mandato solo puede realizarse en el cuarto año del sexenio, es decir, en 2028.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
Plan B electoral apuesta por la austeridad en México
El Senado de la República aprobó una versión recortada del llamado Plan B de reforma electoral, centrada en medidas de austeridad con las que se busca reducir el gasto en ayuntamientos, congresos estatales y órganos electorales. La minuta dejó fuera el tema de la revocación de mandato y concentró sus cambios en recortes administrativos y límites al uso de recursos públicos.
La reforma avalada modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre sus puntos centrales establece un tope nacional al número de regidurías y sindicaturas en los municipios, fija un límite de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para el gasto anual de los congresos locales y prohíbe prestaciones especiales para altos funcionarios electorales por encima de lo permitido en la ley.
En el caso de los ayuntamientos, el dictamen plantea que cada municipio esté integrado por una sindicatura y hasta 15 regidurías, con el argumento de contener el crecimiento de los cabildos, sobre todo en las ciudades más grandes. Según el texto, los recursos ahorrados podrían reorientarse a obra pública y servicios municipales.
Para los congresos estatales, la reforma impone un techo presupuestal uniforme, al establecer que sus recursos no podrán rebasar el 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad. La propuesta sostiene que esta medida permitiría disminuir el gasto legislativo y redirigir parte del dinero a infraestructura pública.
Otro de los ejes de la minuta apunta a los organismos electorales. El texto establece que consejeros, magistrados y altos mandos del INE, de los OPLES y de tribunales electorales no podrán ganar más que la Presidencia de la República, ni acceder a seguros médicos privados, fondos especiales de retiro o prestaciones extraordinarias pagadas con recursos públicos.
Además, el dictamen incluye una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años, con un recorte acumulado de 15 por ciento en términos reales respecto a la base de 2026, sin afectar derechos laborales del personal.
Aunque sus promotores presentan la reforma como un paquete de austeridad republicana, el alcance del ajuste quedó acotado a recortes de operación y privilegios, sin tocar otros temas de fondo del sistema electoral, como el financiamiento a partidos o la representación plurinominal. La minuta será enviada ahora a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo