Las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan una doble desigualdad. Se trata de un sector de la población que ha vivido marginado, “invisibilizado”, y es deber de los responsables del servicio público, de profesionales de la salud y del resto de la población, garantizar el respeto a sus derechos humanos.
“Se impone la tarea de diseñar políticas públicas a corto, mediano y largo plazos, dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitarlas, segregarlas, discriminarlas y excluirlas en diversos ámbitos como la escuela o la familia”, dijo en la UNAM Adriana Soto Andalón, jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres.
Al participar en la mesa “Las necesidades de la salud de las mujeres con discapacidad”, organizada por el Seminario Permanente de Género y Salud en la Facultad de Medicinade la Universidad Nacional, la especialista refirió que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que en ese concepto se incluye a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Se mencionan cinco tipos: física o motriz; auditiva; visual; mental o psicosocial (como depresión, esquizofrenia), e intelectual (alteración en el desarrollo caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas; por ejemplo, quienes sufren síndrome de Down). Hay personas que presentan múltiples discapacidades, abundó.