Presentan amparo contra registro obligatorio de líneas celulares. Mientras la venta de chips continúa de manera informal y la extorsión sigue siendo parte de la vida cotidiana, señalan litigantes.
Abogados promovieron una demanda de amparo ante un juez federal para solicitar la suspensión del registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, al considerar que la medida vulnera el derecho a la privacidad y coloca a la población en una situación de riesgo. La acción legal fue anunciada por José Mario de la Garza, presidente de la asociación civil Perteneces A.C., quien afirmó que se trata de una respuesta frente a una política que concentra información sensible sin garantías suficientes de protección.
Hoy presentamos un amparo para pedir a un juez federal que nos conceda una suspensión y no nos obliguen a registrar nuestra línea de celular. Es una reacción frente a una medida que invade la privacidad y nos coloca a todos en una posición de vulnerabilidad.
— José Mario (@JoseMarioMX) January 22, 2026
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El litigante señaló que, mientras la venta de chips continúa de manera informal y la extorsión sigue siendo parte de la vida cotidiana, el Estado no ha demostrado capacidad para resguardar de forma segura los datos personales que administra. “Concentrar millones de datos en una sola base es una temeridad; el riesgo no es teórico, es real y previsible”, advirtió. El amparo fue elaborado con el apoyo del abogado Esteban Hernández, y busca que el Poder Judicial frene la obligación mientras se analiza su constitucionalidad.
El recurso legal se presenta en el contexto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que inició el 9 de enero de 2026 y tiene como fecha límite el 30 de junio del mismo año. La medida pretende vincular cada número telefónico con una identidad para combatir delitos como extorsión y fraude; sin embargo, enfrenta críticas por reproducir intentos fallidos como el RENAUT, invalidado en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a derechos humanos y a la protección de datos personales.
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han advertido que el vínculo de números con CURP e identificaciones puede crear un nuevo mercado criminal, al facilitar el uso de datos robados para registrar chips a nombre de terceros. Además, reportes periodísticos documentan vulnerabilidades en plataformas de registro y la proliferación de un mercado negro de chips preactivados, lo que podría intensificarse conforme se acerque la fecha límite y se cancele el servicio a quienes no se registren.