En Querétaro se impondrán penas de hasta 3 años de prisión por el delito de amenazas. El pleno de la legislatura avaló modificación al Artículo 155 del Código Penal Estatal.
En sesión de Pleno, la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por mayoría el dictamen que reforma el Artículo 155 del Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer la protección a las partes involucradas en un proceso penal y garantizar juicios justos y seguros.
La reforma, impulsada a través de iniciativas presentadas por el diputado Paul Ospital Carrera y el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, busca asegurar la integridad de víctimas, testigos, partes y autoridades que participan en procedimientos judiciales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, quien amenace a otra persona con causarle un daño en su persona, bienes, derechos o en los de alguien con quien esté ligado, podrá recibir una pena de 1 a 3 años de prisión, trabajos a favor de la comunidad hasta por 6 meses y multas de 100 a 300 días. La sanción aumentará hasta en una mitad si se cumple la amenaza.
Además, si la amenaza se dirige específicamente contra testigos, partes o autoridades dentro de un procedimiento penal, con el fin de impedir el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión, trabajos comunitarios hasta por 12 meses, y multas de 400 a 600 días.
En su oportunidad, el diputado Paul Ospital y al respecto explicó que solamente Querétaro y el Estado de México, no contaban con este delito establecido en la ley: “la pena prevista para las amenazas es de cuatro a ocho años de prisión, trabajos a favor de la comunidad hasta por 12 meses y de 400 a 600 días multa”.
El legislador de Movimiento Ciudadano recordó que, en junio del 2022, se hizo una reforma para incluir este delito; sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad de la reforma publicada en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” declarando inválida esta reforma.