Aprueban en Querétaro reformas al Código Civil para sancionar a deudores alimentarios: no podrán tramitar pasaporte ni licencias. Se crea un Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local, aprobó por unanimidad reformas al Código Civil local que permitirán sancionar de manera más efectiva a los deudores alimentarios, incluyendo restricciones para tramitar documentos oficiales como pasaportes y licencias.
La reforma fue impulsada por el diputado Arturo Maximiliano García y avalada en sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el legislador Guillermo Vega Guerrero e integrada por Enrique Correa Sada y Homero Barrera Mcdonald. También estuvieron presentes las diputadas Teresita Calzada Rovirosa, de Movimiento Ciudadano, y Andrea Tovar Saavedra, así como el propio García Pérez, autor de la propuesta.
Entre los puntos clave aprobados, destaca la creación de un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en concordancia con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias establecido por reforma federal en 2023. Esta herramienta permitirá identificar y restringir a quienes incumplan con sus responsabilidades, impidiéndoles acceder a trámites como licencias de conducir o pasaportes, una medida que busca generar presión social y legal para que se cumpla con la pensión alimenticia.
“Esta iniciativa transforma el paradigma de impunidad que ha imperado en torno al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Coloca a la niñez en el centro de la justicia familiar”, afirmó el diputado Guillermo Vega.
La reforma también establece que un deudor alimentario podrá ser inscrito en el registro tras 90 días de incumplimiento con sentencia firme, o 60 días durante el proceso legal, reforzando la capacidad de respuesta institucional.
Además, se otorgan nuevas facultades a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para solicitar al juez la inscripción de personas morosas en el registro correspondiente, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El dictamen contempla medidas adicionales para evitar fraudes y estrategias de evasión, como la obligación del deudor de informar cualquier cambio laboral y la posibilidad de que el juez recabe pruebas de oficio sobre su situación económica, reduciendo la carga probatoria para el acreedor, quien comúnmente carece de los recursos para investigar por su cuenta.